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IMPACTO DEL COVID-19 SOBRE EL CONTROL DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS

Financiero y Mercado de Capitales

El Real Decreto-ley 8/2020 de 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, completado por el RD 11/2020, modifica para determinados supuestos el modelo de control de las inversiones extranjeras al cambiar en dichos casos el sistema general de liberalización por la exigencia de una expresa autorización ex ante para poder llevar a cabo dichas inversiones.

Así, queda suspendido el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España, en los siguientes supuestos:

1. Inversiones que se realicen en los sectores que se citan a continuación y que afectan al orden público, la seguridad pública y a la salud pública:

  • Infraestructuras críticas, ya sean físicas o virtuales (incluidas las infraestructuras de energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de comunicación) así como terrenos y bienes inmuebles que sean claves para el uso de dichas infraestructuras
  • Tecnologías críticas, incluidas la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y biotecnologías.
  • Suministro de insumos fundamentales, en particular energía, hidrocarburos, así como los referidos a materias primas o a la seguridad alimentaria
  • Sectores con acceso a información sensible, en particular a datos personales
  • Medios de comunicación

El Gobierno podrá suspender el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras directas en España en aquellos otros sectores no contemplados anteriormente, cuando puedan afectar a la seguridad pública, orden público y salud pública.

2. Si el inversor extranjero está controlado directa o indirectamente por el gobierno, incluidos los organismos públicos o las fuerzas armadas de un tercer país; ha realizado inversiones o participado en actividades en los sectores que afecten a la seguridad, al orden público y a la salud pública en otro Estado miembro; o si se ha abierto un procedimiento, administrativo o judicial, contra el inversor extranjero en otro Estado miembro o en el Estado de origen o en un tercer Estado por ejercer actividades delictivas o ilegales.

Para la realización de las citadas inversiones, se precisará la obtención de autorización previa, si bien se excluye de la necesidad de autorización las inversiones por importe inferior a 1 millón de euros. Asimismo, se establece un procedimiento de autorización simplificado para las siguientes inversiones:

  • Aquellas en las que se acredite la existencia de acuerdo entre las partes o una oferta vinculante en los que el precio hubiera sido fijado, determinado o determinable, con anterioridad al 18 de marzo de 2020, y
  • Aquéllas cuyo importe sea igual o superior a 1 millón de euros e inferior a 5 millones de euros.

A los efectos de la suspensión del régimen de liberalización, se considerarán inversiones extranjeras no solo las directamente realizadas por no residentes en la Unión Europea o en la Asociación Europea de Libre Comercio, sino que se amplía a las inversiones realizadas por entidades residentes en dichos ámbitos cuya titularidad real corresponda a residentes de países de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio. Dicha titularidad real existirá cuando estos últimos posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor.

Será infracción grave la realización de actos, negocios, transacciones u operaciones sin solicitar autorización cuando sea preceptiva.

 

 

La información contenida en la presente nota no debe ser en sí misma considerada como un asesoramiento específico en la materia comentada, sino únicamente una primera aproximación al tema tratado, siendo por tanto aconsejable que los receptores de la presente obtengan asesoramiento profesional sobre su caso concreto antes de adoptar medidas o acciones específicas.