El Tribunal de Justicia de la Unión Europea anula las sanciones derivadas del modelo 720

El pasado 27 de enero de 2022 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictado sentencia contra el régimen establecido por el legislador español derivado de la obligación de declarar determinados bienes y derechos situados en el extranjero mediante el modelo 720.

 Antecedentes

La Ley 7/2012 introdujo la obligación de los residentes en España de informar a la Administración tributaria sobre determinados bienes y derechos situados en el extranjero mediante la presentación de una declaración anual de naturaleza informativa (Modelo 720).

La falta de presentación de la declaración en plazo o la presentación extemporánea o con datos falsos o inexactos, podía generar las siguientes consecuencias:

  • calificación de los indicados bienes y derechos como ganancias patrimoniales no justificadas y su inclusión en la base liquidable, general en el caso del IRPF, con independencia de la fecha de adquisición de los mismos.
  • imposición de una multa del 150% del importe del valor no declarado de bienes y derechos; y,
  • imposición de multas de cuantía fija en función del número de datos (o conjunto de datos) omitidos o declarados incorrectos o tardíos en el modelo 720.

Sentencia del TJUE

El TJUE afirma que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de libre circulación de capitales y anula las consecuencias (ganancias patrimoniales no justificadas y régimen sancionador) vinculadas a la obligación de declarar los bienes o derechos en el extranjero, por los siguientes motivos:

  1. Incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la declaración modelo 720 conlleva la tributación de las rentas no declaradas sin posibilidad de que el sujeto se ampare en la prescripción ganada.
  2. Se sanciona dicho comportamiento con una multa proporcional del 150% del impuesto calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de dichos bienes o derechos, que pueden acumularse con multas de cuantía fija.
  3. Se sancionan estos incumplimientos con multas fijas no limitadas que no guardan proporción con las sanciones previstas en un contexto puramente nacional.
  4. La normativa española no puede permitir que la Administración Tributaria pueda, sin limitación temporal, esto es, durante un periodo indefinido, regularizar las rentas correspondientes al valor de los activos no declarados.
  5. El incumplimiento de la presentación de la declaración modelo 720 no puede tener como consecuencia la inclusión de la ganancia no justificada incluso cuando los bienes o derechos hayan entrado en el patrimonio del contribuyente en un ejercicio ya prescrito.

Es por todo ello que el TJUE ha considerado que España ha incumplido las obligaciones reguladas en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del artículo 40 del Acuerdo EEE al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes o derechos en el extranjero con multas de cuantía fija cuyo importe no tiene relación alguna con infracciones similares.

Finalmente hay que tener en cuenta que la mencionada sentencia no implica que los residentes en España no tengan la obligación de presentar el Modelo 720 del ejercicio 2021 cuyo plazo finaliza el próximo 31 de marzo, dado que el impreso modelo 720 está vigente salvo que el legislador decida introducir modificaciones en esta obligación informativa. El Gobierno español ya ha manifestado su intención de reformar la normativa reguladora de esta obligación.

La sentencia afecta al régimen sancionador que ha sido anulado, por lo que hasta no se regule un régimen sancionador especifico la Administración Tributaria solo podrá aplicar las sanciones generales por incumplimiento de presentación de declaraciones informativas, que son muy inferiores y casi anecdóticas en comparación con las sanciones que han sido anuladas por el TJUE.

A la vista de esta sentencia, podría abrirse para los contribuyentes que hayan sido sancionados por no haber declarado sus activos en el extranjero o por haberlos declarado de forma incorrecta o fuera de plazo, una vía de reclamación a la administración fiscal de las sanciones pagadas y ahora declaradas contrarias al derecho europeo. Sin perjuicio de ello, será necesario analizar caso por caso las posibilidades y las modalidades de recuperación de dichos importes.

La información contenida en la presente nota no debe ser en sí misma considerada como un asesoramiento específico en la materia comentada, sino únicamente una primera aproximación al tema tratado, siendo por tanto aconsejable que los receptores de la presente obtengan asesoramiento profesional sobre su caso concreto antes de adoptar medidas o acciones específicas.

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